• Johana Abigail Barreno Mariño, 30 años de edad, trabajaba en una oficina, en la ciudad de Riobamba. El 12 de julio del 2010 le dijo a sus compañeros de trabajo que salía un rato para almorzar. En su puesto de trabajo dejó su cartera con todos los documentos personales. Nunca más regresó a su trabajo ni a su casa y desde ese día nadie la ha vuelto a ver.
• Corazón de Jesús Diaz Espinoza, de 84 años de edad, salió como todos los días de su casa ubicada en el sector de la Mitad del Mundo, le gustaba salir a caminar, distraerse un rato. Ese 18 de mayo salió y no regresó nunca más.
• El 26 de noviembre del 2012, Iván Jiménez Torres, 38 años, profesor y relacionista público de la Unidad Educativa Mariscal Sucre, en la ciudad de Guayaquil, salió de su casa ubicada en la ciudadela Huancavilca Norte junto a sus dos pequeños hijos hasta la garita de entrada de la ciudadela . Una vez ahí acompañó a sus hijos hasta que llegó el expreso y los dejó embarcados. Luego se despidió del guardia de seguridad y cruzó la avenida Francisco de Orellana para tomar un bus de la línea 75 que lo llevaría al colegio donde trabajaba. El recorrido era de apenas unos 10 minutos. Nunca llegó a la Unidad Educativa Mariscal Sucre ni tampoco regresó a su hogar, había desaparecido..
• Viviana Patricia Yanza Freire, era alumna de la Universidad Técnica de Ambato, tenía 19 años cuando el 17 de septiembre del 2009, mientras estaba con un grupo de amigos, recibió una llamada a su celular. Se despidió del grupo aproximadamente a las 17h00 de ese día y salió sola de las instalaciones de la Universidad. No llegó nunca a su casa. Sus padres Jorge Yanza y Mónica Freire la siguen buscando hasta el día hoy.
• Juliana Lizbeth Campoverde Rodríguez, 19 años de edad. Se había inscrito en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Católica, iba a iniciar clases el 8 de agosto del 2012. Vivía en la ciudadela Biloxi, al sur de Quito, a las nueve de la mañana del 7 de julio del 2012, se despidió de su madre, en la calle Mariscal Sucre y Ajavi para caminar unos cuantos metros hacia su lugar de trabajo, una tienda de medicina natural. No llegó nunca a la tienda y a pesar de que su madre ha ofrecido una cuantiosa suma de dinero para quien ayude a encontrarla, Juliana Campoverde sigue desaparecida.
La mayoría de los que estaban en esa sala del MAAC ese 11 de diciembre eran mujeres, de diferentes edades, de diferentes clases sociales. Se reconocen entre sí. Saludan, se abrazan y preguntan, preguntan siempre. Ellas son madres, hermanas, hijas, tías, sobrinas, amigas de un desaparecido involuntario y no sólo las une el dolor de querer saber qué pasó con sus seres queridos, las une también la indignación frente a la impunidad jurídica con la que día a día se enfrentan en la búsqueda de respuestas. El dolor y la esperanza se mezclan en sus rostros.
"Las mujeres no parimos hijos para que desaparezcan, tenemos derecho a saber qué pasó con ellos, no importa lo que haya pasado, sólo queremos saberlo y necesitamos que la policía, la fiscalía y la sociedad nos ayude a encontrar estas respuestas. Es nuestro derecho" comenta una de ellas.
En el Ecuador en el año 2011 se denunciaron 598 desapariciones; en el 2012: 1277 y en el 2013: 581. La Defensoría del Pueblo realizó ese 11 de diciembre, un día después en que se recuerda un aniversario más de la Declaración de los Derechos humanos un evento en que reunió a los familiares y amigos de los desaparecidos involuntarios, ese 10 de diciembre, ahí en la sala del MAAC de la ciudad de Guayaquil, los desaparecidos involuntarios dejaron de ser cifras y se convirtieron en historias, en recuerdos y sobre todo en un pedido de ayuda al estado y a la sociedad para que asuman su corresponsabilidad en la búsqueda de respuestas.
A todos en esa sala les cambió la vida el mismo día en que desaparecieron sus familiares. Algunos han perdido sus trabajos porque se han dedicado a recorrer hospitales, fiscalías, universidades, migración, terminales terrestres, colegios, y calles en búsqueda de algo o alguien que les de noticias sobre qué pasó el día en que desaparecieron sus familiares.
Los que buscan deben dejar de lado su dolor para enfrentarse a un sistema y a una sociedad que en lugar de ayudar los explota. Agentes que piden para el celular "porque tienen que hacer llamadas", otros que piden para gasolina "porque hay que movilizarse" y otros que piden para el almuerzo porque "hay que comer, pues, mientras buscamos tenemos que comer". A Fanny Mariño, madre de un desaparecido, un fiscal cansado de verla todos los días preguntando por su hijo en la fiscalía le dijo "hay casos mas importantes, droga, robos. El de su hijo no es importante".
Lentitud, indiferencia, crueldad, indolencia y corrupción es lo que los familiares de los desaparecidos han encontrado en la búsqueda de respuestas.
La policía recepta una denuncia por desaparición sólo 48 o 72 horas después que haya desaparecido. Luego de eso hay que esperar el sorteo para que el caso llegue a una fiscalía. Una vez que al caso se le asignó una fiscalía es cuando se recepta la información y luego de que el fiscal revisa la información es que se puede ordenar que se proceda a la investigación.
Ese es el procedimiento que determina la ley, a pesar de que la ley debe ser ejecutada siempre en función de quien más lo necesita, los casos de desaparecidos involuntarios, mudan de fiscal a fiscal y siempre sin respuestas concretas. La lógica de la institucionalidad es que si no se presume que la desaparición está vinculada a un delito no se investigará. Pero si la desaparición no se investiga nunca se sabrá si está vinculada a un delito y esta investigación es la que reclaman los familiares.
En marzo del 2012, los familiares de desaparecidos se organizaron en una asociación llamada Asfadec (Asociación de Familiares de Desaparecidos Involuntarios) cuentan con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo. Y aunque el camino que recorren es lento y doloroso, mantienen la esperanza de cambiar la indolencia del sistema judicial. En diciembre del 2013, cinco fiscales fueron separados de sus cargos, según explicó Galo Chiriboga, Fiscal General, fueron "removidos" de sus cargos porque "no podemos permitir la falta de solidaridad de los fiscales en la búsqueda de ciudadanos desaparecidos y que den respuestas inadecuadas a sus familiares".
Por su parte Ramiro Rivadeneira, el Defensor del Pueblo, indicó que la Defensoría promueve que la desaparición sea considera un delito penal "todos queremos un país donde no existan desapariciones, pero si las hay, debemos asegurarnos que exista el talento humano especializado para realizar la búsqueda de estos desaparecidos".
En su informe semanal # 352, realizado el 14 de diciembre desde Atacames, el Presidente Rafael Correa pidió disculpas a los familiares de los desaparecidos por no haber hecho todo lo que se ha debido hacer y prometió corregir inmediatamente estos errores, "..hemos decidido incluir en el Código Penal la desaparición de personas como un delito y será imprescriptible, esto significa que se tendrá que investigar hasta que se resuelva el caso... crearemos una verdadera política integral frente a la desaparición de personas... se va a instituir como derecho de las familias y deber del estado encontrar un familiar desaparecido... se creará un sistema informatizado nacional de personas desaparecidas así como unidades especializadas y debidamente capacitadas por la fiscalía, además los desaparecidos entrarán al programas de recompensa..."
Los familiares de los desaparecidos saben que a pesar de la decisión del Presidente Rafael Correa, eliminar la negligencia, indolencia y corrupción de policías y fiscales es un camino que se recorre cuesta arriba. Lo saben y están dispuestos a recorrerlo.
"Cuando alguien muere, sabemos dónde irlo a llorar. Pero cuando desaparece, qué hacemos con este dolor, dónde lo dejamos..." "Todo lo que pedimos es justicia a nuestro dolor. Es nuestro derecho..."."Esperemos que las autoridades cumplan sus ofrecimientos...", "Nuestros desaparecidos no están ni vivos ni muertos, los que se los llevaron los redujeron a nada y nos quitaron el derecho a vivir en paz...", "He tenido que olvidarme del dolor, mi hijo necesita que sea fuerte para que lo encuentre..." esas son las voces de familiares de los desaparecidos involuntarios. Esperemos que esas voces logren crear conciencia y la voluntad de tener un sistema que defienda los derechos de todas y todos, incluso de los que no están.
DESAPARECIDOS
Abigail Barreno, Camilo Tobar, Marcelo Guitiérrez, Alvaro Nazareno, Paulina Pérez, Kerly Verdesoto, Carolina Garzón, Manuel Montalvo, David Romo, Luis Cevallos, Carmen Cazar, Luis Sigcho, Edison Saldaña, Elbia Suárez, Juan Calapí, Jackson Díaz, Estalin Conchanbay, Florean Tabango, Nori Fernández, Fausto Witt, Segundo Ipiales, Enrique Witt, Luis Velásquez, José Camacho, José Valencia, Jesús Díaz, Esteban Utreras, Janeth Guis, Estember Flores, Geovanna Pérez, Gabriela León, Jorge Chafla, Marcos Avalos, Galo Flores, Valeria Chávez, Jaqueline Hernández, Telmo Pacheco, Rudy Campoverse, Viviana Yanzo, Cristian Catota, José Gavilanez, Camili Tibar, Naomy Zambrano, José Paucar, Gustavo Garzón, Luis Guáchala, Marco Aranda, Víctor Pizarro, José Camacho, Wilson Flores, Roberto Estevez, Marco Orquera, Washinton Valverde, María Guerrero, Joel Guzmán, Angelo Rosero, Iván Jiménez, Maribel Hernández, Joselyn Jijón, Pedro Chamorro, Edison Saldaña, Fausto Baquerizo, Edison Ortega...
Si tienes alguna información o denuncia que realizar puedes comunicarte: EN QUITO AL NUMERO 022265946 O 022443517 O AL 022252614 EXT.2500 , 2501, 2503 con la Adjuntía Primera o Coordinación de atención prioritaria y EN GUAYAQUIL AL 2326306 EXT. 0910 o al 0907- 0950- 0922
Por: Yazmín Bustán
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